PLATAFORMAS DIGITALES: Una regulación necesaria

Dos acontecimientos coincidieron a distancia de pocas semanas para plantear con fuerza el tema del trabajo de plataformas digitales en nuestro país. Por un lado, el conflicto en torno a 250 despidos de repartidores vinculados a la empresa PedidosYa (Delivery Hero), ocupó la portada de los diarios y obligó a intervenid al propio Ministro del Trabajo y donde manifestó su respaldo el PIT-CNT. Por otro lado, el 21 de febrero en la Universidad Católica del Uruguay se presentaron los resultados del proyecto Fairwork Uruguay 2023 sobre “Condiciones de trabajo en plataformas digitales”, en el que trabajó el equipo de investigadores conformado por el Dr. Federico Rosenbaum (Investigador principal), la Dra. Eloisa González, la Mag. María Inés Martínez y el Dr. Matías  Dodel.

            Ambas situaciones coinciden en la precariedad del trabajo via plataformas aplicativas especialmente en el caso de los repartidores (riders, en el lenguaje internacional). También participó en  el evento del 21 de febrero la Dra. Valentina Arlegui, Directora General del Ministerio de trabajo, quien expresó: “Nos gustaría hacer muchas cosas, pero las normas actual, es no lo permiten”.

            La pregunta obvia refiere al porqué en este país con una amplia legislación laboral, no existen normas suficientes para encuadrar el trabajo via aplicaciones, un fenómeno que nació con Uber en 2015, es decir hace ya casi una década.

            Mi contestación a la pregunta es que ante posiciones antagónicas – quienes consideran que los trabajadores de plataformas son trabajadores subordinados a todos los efectos y quienes afirman que en realidad por las especiales características de las tareas que realizan son trabajadores autónomos o semi-autónomos – no solo en Uruguay, sino a nivel global, la regulación del trabajo vía plataformas se ha “ahogado en el debate”. Sin ir más lejos, así lo demuestra nada menos lo ocurrido en la Unión Europea en diciembre pasado, como dimos cuenta en este blog. El 13 de diciembre, bajo la Presidencia de España, se había logrado un acuerdo en torno a un proyecto de Directiva Europea que pretendía regular las condiciones del modelo de trabajo via aplicaciones, caracterizado en especial por los choferes de Uber y los repartidores. Pocos días después, el 22 de diciembre, no se logró la mayoría necesaria para sacar adelante el acuerdo, por la oposición de 12 Estados: Estonia, Letonia y Lituania, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia y Suecia.

            No es nuestra intención en la brevedad de este debate entrar en las consideraciones sobre si el trabajo de plataformas es autónomo o subordinado (sobre el tema hemos escrito en la reciente 3a edición de nuestra La Contratación atípica del trabajo, pp.  281-300). Lo que sí queremos denunciar es la situación de un amplio sector de trabajadores que desarrolla sus tareas fuera de cualquier regulación legal, en base a prácticas empresariales o acuerdos precarios entre empresa y trabajadores. Hasta el presente solo existen disposiciones administrativas que obligan al registro en  la seguridad social  como empresas unipersonales o la solicitud de permisos ante la Intendencia de Montevideo, que – por ejemplo – obliga a los conductores de Uber y similares a registrarse como empresas que giran en el ramo de transporte privado de personas.

          En algunos países ya comienzan a aprobarse normas para todos los trabajadores de aplicaciones digitales. El ejemplo cercano es el de Chile, donde  se aprobó la Ley 21.431 de 08/03/2022, que incorpora un Capítulo X en el Libro I, Título II del Código de Trabajo, con el nombre “Del trabajo mediante plataformas digitales de servicios”. La normativa deja abierta la posibilidad de que el vínculo sea subordinado o autónomo, pero en todos los casos se establecen reglas relativas a la obligación de informar sobre el servicio ofrecido, derecho de transparencia y de información, prohibición de discriminación por mecanismos automatizados de toma de decisiones, deber de capacitación, elementos de protección a los trabajadores y derechos colectivos de los mismos.

            En Colombia, se optó por normas negociadas como es el caso de la empresa Rappi, firmándose el 12 de marzo de 2023 un “Acuerdo en el marco de la mesa de diálogo social tripartito entre la Unión de Trabajadores de Plataformas digitales “UNIDAPP, la empresa RAPPI S.A.S y el Ministerio de Trabajo”. En el mismo se evita calificar el vínculo jurídico, pero se establecen reglas relativas a determinadas tutelas laborales: tarifas mínimas garantizadas de los repartidores registrados en “Soy Rappi” por pedido  y por distancia, garantías sindicales, mecanismos para combatir el fraude que pueda afectar a trabajadores, empresa y consumidores, y causas legítimas de inhabilitación del trabajador. Se crea además una “Defensoría” del Repartidor para la defensa de los intereses de los mismos

            En Argentina, si bien existía un proyecto de ley del año 2023, que establecía la  posibilidad de aplicar a los repartidores la ley de contrato de trabajo o mantenerlos como "independientes" sin establecer una relación de dependencia, el mismo rápidamente naufragó en debates estériles y no parece que pueda ser desarchivado luego de las últimas elecciones. Las crónicas también señalan el aparente desinterés de la CGT en impulsarlo.

            En Uruguay en setiembre de 2022, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un proyecto de ley que establece niveles mínimos de protección para trabajadores de plataformas digitales. El proyecto, al igual de las leyes chilenas y argentinas, no establece una presunción de laboralidad, expresando que sus reglas alcanzan a “la relación de trabajo dependiente o autónomo” (art. 3). El proyecto fija reglas comunes para ambas formas de trabajo, que refieren a la transparencia algorítmica, derechos de los trabajadores de acceder a la información de la empresa así como el derecho a la “intangibilidad de la reputación digital”, obligaciones de la empresa relativas a la evaluación de los riesgos y la adopción de medidas de seguridad (Cap. II). En los Cap. III y IV regula respectivamente temas propios del trabajo dependiente (con particularidades respecto al tiempo de trabajo, límite semanal de trabajo y retribución mínima), y del trabajo autónomo (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, beneficios de seguridad social, negociación colectiva). El texto concluye confiando a la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social el control del sistema (Cap. V).

            Entendemos que el momento actual debería promover la atención del Parlamento sobre este proyecto, que no es expresión del “mejor de los mundos”, pero es un proyecto serio que establece un marco normativo básico ante una realidad laboral en la que no existen normas claras  Por cierto, todo puede ser mejorado, también este proyecto de ley, pero arranquemos de algún modo para no dejar a miles de trabajadores extramuros de toda tutela jurídica.

 

Relaciones laborales y ecosistema digital

En el pasado empleé la expresión “ecosistema laboral” para referirme al sistema de relaciones laborales (el clásico, el del modelo industrial) y compararlo con el sistema ecológico o ambiental. Todo sistema ecológico se basa en cierto equilibrio de sus componentes, por lo cual un cambio en algún sujeto o actor del sistema, provocará inevitablemente la ruptura de su punto de equilibrio. Si por ejemplo decidiéramos matar a los pumas, por considerarlos depredadores de otras especies, seguramente romperíamos ese equilibrio y otras especies (liebres y zorros, etc.) crecerían en forma exponencial, provocando destrozos aún mayores. 

Sigo entendiendo que es así y cuando se rompe el equilibrio del sistema (en nuestro caso el laboral) ingresamos en una fase de inestabilidad que afecta principalmente al desempleo - y sus proyecciones sobre el salario y los demás beneficios laborales -, impactando sobre el consumo (y por lo tanto las ganancias de los empleadores), mientras que el Estado recaudará menos impuestos.

El extraordinario desarrollo tecnológico de la última década marca un punto de ruptura del ecosistema tradicional, cuyo impacto en el empleo intuimos, aunque no sabemos bien medir. Hablamos de los trabajos de futuro, de los empleos que se perderán con la IA, de las actividades complementarias, pero no nos alejamos de la pura “futurología”.

Lo que en cambio ya no es presente ni especulación, ni intuición, es la presencia cada vez más definida de la IA o IA-Gen (así llamamos la IA generativa) en el ecosistema digital. Ese nuevo actor se posiciona cada vez más como una entidad “viva”, activa, con intereses y decisiones propias, que no se limita a recolectar datos, sino que interviene con propuestas propias, condicionando las decisiones de los otros actores y rompiendo el “punto de equilibrio” del ecosistema. 

También cambia el contexto: cada vez menos fábricas y menos transacciones “físicas”. Se expande la inmaterialidad de la digitalización y aparecen las “plataformas”, como las nuevas infraestructuras que se imponen en organización de los servicios y del trabajo en general.

Si el ecosistema tradicional operaba en una sociedad democrática a partir de transacciones continuas entre sus integrantes, en el nuevo “hábitat” digital se ha instalado la IA, con la cual seguimos teniendo dificultades de comunicación, porque – además - esquivamos la mirada por puro miedo. 

En este nuevo “hábitat” es posible reconocer – y así lo ha dicho la propia OIT – tres dimensiones: a) surgen nuevos modos de producción de información y contenidos; b)  se modifican y surgen nuevos comportamientos sociales relativos al uso y consumo de bienes; y c) se genera un impacto económico y social más importante que el de tecnologías de información y comunicación consideradas de manera aislada (https://www.oitcinterfor.org/digitalizacion/ecosistema-digital). 

¿Estamos hablando del futuro? No, el futuro ya fue. Estamos insertos en pleno ecosistema digital, aunque miremos para el costado. ¿Cómo activarnos?, ¿Cómo dejar de lamentarnos sobre la IA y pasar a la acción? 

No tengo dudas que el principal paso que debemos dar está vinculado estrechamente con la educación. Sin educación y adecuada formación, no podremos escapar – en el plano laboral – al desempleo o al trabajo de escaso valor. ¿Seguirá existiendo el trabajo tradicional? Aventuro que sí, pero – agrego – relegado a los sectores de la economía “pobre”: los cuidados, la limpieza, la seguridad, etc.

En un post anterior, me referí al Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027), iniciativa de la Unión Europea  para ajustar los sistemas de educación y formación de los Estados a la era digital. Este “Plan de Acción” prevé entre otros objetivos: a) profesores y personal de educación y formación con competencias y confianza digitales; b) capacidades y competencias digitales básicas desde una edad temprana; c) alfabetización digital, incluida la lucha contra la desinformación; d) educación informática.

El gran desafío de los sistemas públicos de educación, será formar para la dimensión digital. Ya lo han comprendido las universidades privadas, que promueven la formación digital entre las ofertas de sus planes educativos. A nivel público, siguen existiendo notorias dificultades para promover en los actores sociales la conciencia de su rol en las estrategias formativas de los jóvenes. Las discusiones sobre la “empleabilidad juvenil” se reducen al debate sobre la eficacia o ineficacia de reglas de flexibilidad del mercado de trabajo, pero no profundizan la cuestión central, que es la posibilidad de que los jóvenes pertenecientes a los sectores con menos recursos puedan tener acceso a trabajos de calidad en el eco-sistema digital. No serán los “contratos para jóvenes” los que resuelvan el grave problema de desempleo juvenil en América Latina: la experiencia uruguaya de las dos  últimas décadas es bien elocuente en tal sentido. 

También es cierto que la sola educación curricular ya no será suficiente. El individuo – cada vez más - deberá ser protagonista de un proceso autoformativo que promueva sus propias competencias.  Saber comunicarse, trabajar en grupo, decidir responsablemente son habilidades que se construyen en parte en el aula, pero en una parte fundamental “desde adentro” de cada no. 

Además debe tenerse presente que los nuevos empleos del ecosistema digital estarán posicionados cada vez más en la línea la línea divisoria entre la subordinación y el trabajo autónomo. Mientras sigue vivo el debate sobre la naturaleza jurídica del modelo de trabajo via aplicaciones, es difícil alcanzar soluciones legales concluyentes. Así el proyecto de Directiva de la Unión Europea de diciembre pasado  para consolidar la presunción de laboralidad del trabajo de plataformas no ha recibido las necesarias mayorías como indicáramos en el último post, mientras que en Uruguay sigue sin aprobarse un proyecto nacional en la materia.. 

¿Un eco-sistema digital sin tutelas laborales? No, la contestación es claramente un “NO”. Pero las protecciones deberán derivar de un examen atento de la realidad y del diálogo propositivo de los actores sociales (sin miedo a la IA). Debemos concentrar los esfuerzos de los “humanos” en dibujar planes concretos para controlar el rol protagónico de la IA en el sistema. Pero para ello, aún estamos lejos.

¿Estamos en condiciones de imaginar un plan realista? ¿Podemos dejar de lado nuestras controversias, para diseñar “en equipo” una estrategia que sortee los peligros de la IA?  ¿Lograremos reequilibras un ecosistema digital, que parece cada vez más adverso al trabajo humano? 

Mientras hablar de estos temas suene a fantasía del futuro, solo lograremos acentuar las distancias entre los algoritmos y nosotros.

 

UE: se tranca la Directiva sobre plataformas

En el último post de 2023 anunciábamos que, bajo la Presidencia de España, se había logrado el día 13 de diciembre un acuerdo en torno a un proyecto de Directiva Europea que pretendía regular las condiciones del modelo de trabajo via aplicaciones, caracterizado en especial por los choferes de Uber y los repartidores.

El proyecto establecía una presunción de laboralidad en base a un criterio curioso:

Existiría una presunción de subordinación cuando se daría cumplimiento a dos de los cinco criterios propuestos:  a) la determinación por parte de la plataforma del nivel de dinero que recibe el trabajador, b) la supervisión de su rendimiento, c) el control sobre la distribución o asignación de tareas, d) el control también sobre las condiciones de trabajo y horario y e) las restricciones acerca del vestuario o la conducta. 

El proyecto de Directiva ha tenido vida efímera, porque el 22 de diciembre, los Estados miembros no lograron la mayoría necesaria para sacar adelante el acuerdo. En efectos, 12 Estados miembros ―Estonia, Letonia y Lituania, Bulgaria, República Checa, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia y Suecia -, se opusieron oficialmente al documento, al considerar que se alejaba demasiado de la versión de Directiva propuesta inicialmente por el Consejo.

La Presidencia española entendió que no era oportuno someter el acuerdo a votación, puesto que los Estados miembros a favor representaban solo el 38 por ciento de la población de la UE. Las propuestas de Directivas deben  debe recibir el apoyo del 55 por ciento de los Estados miembros, que representan al menos el 65 por ciento del total de la población de la UE.

La Presidencia belga ha expresado que se comprometerá a alcanzar un acuerdo antes de las elecciones del Parlamento Europeo de junio y utilizará el texto provisional como una base para futuras negociaciones.

Recordamos que se calcula que el número de trabajadores de aplicaciones en la UE es de 30 millones de personas que trabajan para aproximadamente 500 plataformas.

Entendemos que debe preocupar este traspié sufrido por el acuerdo, porque más de una vez hemos señalado que el trabajo de plataformas digitales será una de las principales modalidades laborales del futuro. La ausencia de regulaciones mínimas sobre el trabajo de plataformas en el continente europeo – que presumiblemente debería estar a la vanguardia en la dimensión digital – preocupa al marcar un camino hacia la desregulación de trabajos, que se va extendiendo exponencialmente en nuestra sociedad.