El
jueves 28 de abril leo un titular en el diario El País: “Mujeres al volante:
barrera de género desata polémica”. Inconscientemente pienso en un viaje
realizado a Instambul hace dos años: era mal visto que las mujeres manejaran.
Debo estar en la página de Noticias Internacionales – imagino - e informan de
algún episodio de discriminación de género en el Lejano Oriente. En cambio, me
equivoco: el episodio es aquí, la polémica es en nuestra ciudad donde el 28 de
abril de 2016 (... en la segunda década del siglo XXI) se discute si una mujer
puede conducir buses. En épocas en que las mujeres pilotean aviones de línea,
aquí nos cuestionamos si pueden manejar buses.
Leo el
artículo y me entero que existen empresas en que está prohibido que las mujeres
manejen buses. Hay un señor que indica que las medidas de empleo que toma una
de las compañías – entre las que está la de no contratar mujeres – son las que
permiten asegurar un buen servicio.
Evidentemente
queremos construir el futuro, pero nuestra cabeza sigue estando en una América
Latina machista que en algunos sectores (por suerte, creo, unos pocos sectores)
el hecho que las mujeres vayan ocupando trabajos de hombres es visto con
resquemor e intolerancia.
Considero que impedir o seleccionar
choferes de ómnibus con barreras de género es un hecho no solo de corte “tanguero”
e ilègitimo, sino claramente ilegal en nuestro sistema jurídico. Quienes
afirmen que no deben contratarse mujeres, están lisa y llanamente violando
normas legales, entre ellas los Convenios Internacionales del Trabajo nº
100, 111y 156, todos ratificados por Uruguay, y la Ley Nº 18.104 de 15.3.2007
sobre "Igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en la
República". Por lo tanto quien indique que no deben contratarse mujeres
como choferes de buses, está ni más menos incitando públicamente a cometer un
ilícito.
A modo de ejemplo, un caso similar se planteó entre 2014 y
2015 en la ciudad de Salta, donde algunas empresas impedían a las mujeres
trabajar en sus buses. El caso llegó a la Corte de Justicia de Salta, que en la causa "Sisnero,
Mirtha Graciela; Caliva, Lía Verónica vs Ahynarca SA Tadelva y otros" ordenó
en mayo del año pasado, el cese inmediato de esa discriminación, al resolver el
amparo colectivo promovido contra empresas integrantes del sistema de
transporte público de pasajeros La misma sentencia ordenó que dichas empresas
debían presentar ante la Autoridad Metropolitana de Transporte un listado que
especificara claramente los requisitos técnicos, psicofísicos y de pruebas de
conducción exigidos a los postulantes conforme a pautas que aseguren igualdad
de oportunidades de empleo y un único criterio de selección, excluyente de toda
forma de discriminación. La Corte de Justicia puntualizó que "toda mujer
que desee ser contratada como conductora de ómnibus en el sistema de transporte
público de la Región Metropolitana de Transporte y que cumpla con los
requisitos vigentes para postularse, deberá inscribir su solicitud en un
registro que llevará la AMT”.
Finalmente la
sentencia ordenó que las empresas deberían incorporar dos mujeres por cada
hombre, hasta alcanzar cada una de las empresas progresivamente y como mínimo,
un 30 por ciento de mujeres en la composición de su planta de conductores”.
Mucho hablamos en Uruguay
de no discriminación (“sexo, raza, etnia,
orientación sexual, credo u otras formas de discriminación” de conformidad con
las disposiciones legales vigentes), pero en este tema seguimos siendo un país
de segunda categoría, donde la distancia entre el discurso retórico y la
realidad sigue siendo enorme.
