Me gusta comenzar este post con la gráfica sobre conflictividad en el período 2000-2021, que Graciela Mazzuchi y Eloisa Gonzalez proyectaron en la reciente presentación del del Informe de Conflictividad de la Universidad Católica del Uruguay (Montevideo, 14/12/2021). Más allá de su contenido concreto, la grafica me recuerda un electrocardiograma. Ello no es casual, porque el sistema de relaciones laborales opera como un “sistema vivo”, con sus aceleraciones y arrítmias, con su mayor y menor nivel de presión, con sus arterias más limpias o más tapadas.
La reciente invitación para opinar sobre algunos aspectos del referido Informe, que conserva el interés y la objetividad de un proyecto, que comenzó hace más de 25 años con Juan Manuel Rodríguez y Beatriz Cozzano, ha sido la oportunidad para reflexionar sobre el sistema de relaciones laborales a lo largo de este año, un año que puede definirse como de “post-pandemia”, aunque sigamos viviendo la incertidumbre de un mundo en permanente riesgo de cuarentena.
Uno de los aspectos que más impacta del Informe es cierta baja conflictividad a lo largo del año 2021. Si además sumamos que el 40% de la conflictividad estuvo focalizada en el conflicto SUNCA-UPM, los datos muestran un índice muy bajo en el resto de la actividad pública y privada. Pero, como bien dicen las autoras del documento: “hay una sensación de altísima conflictividad, que no condice con las cifras registradas en las estadísticas”.
¿Que ha pasado por lo tanto para que la temperatura de la conflictividad sea moderada, pero la sensación térmica “altísima”?
En nuestra opinión lo que contribuye a producir esa “sensación” es el hecho que la organización sindical ha promovido estrategias que tienen que ver también con la política, como por ejemplo la cuestión del referéndum de la LUC. Una organización sindical que a nivel nacional no se ocupa solo de cuestiones laborales que conciernen a sus afiliados, sino que opina y actúa en temas políticos, se vuelve un interlocutor que confronta la política de gobierno y por lo tanto inevitablemente eleva esa temperatura.
La pregunta que muchos se hacen es: ¿puede el sindicato hacer política?
Para contestarla, acudo en primer lugar a la opinión del colega Alejandro Castello, quien en nuestro libro sobre Derecho Colectivo del Trabajo, escribe: “Los órganos de contralor de la OIT han aceptado las huelgas dirigidas a influir en las políticas públicas del Estado, en la medida en que las mismas inciden o repercuten sobre la calidad de vida de los trabajadores”. El autor recuerda que “el Comité (de Libertad Sindical) concluyó que los intereses profesionales y económicos que los trabajadores de-fienden mediante el derecho de huelga, abarcan no sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino que «engloban también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de po¬lítica económica y social» (OIT, Comité de Libertad Sindical, párrafo 479)”. La opinión de la OIT define un espacio legítimo de acción política (la vinculada a los aspectos sociales y económicos) y un espacio que excede esos límites, cuando la acción asume los caracteres de acción político partidaria.
La segunda reflexión que me merece el tema es que las relaciones laborales están directamente influenciadas por el contexto político, como indicaba el teórico John Dunlop. Expresa Cedrola – refiriéndose a la concepción de Dunlop -, que “el contexto político se encuentra configurado por la estructura geográfica y política del poder en la sociedad, lo cual resulta un elemento altamente condicionador del comportamiento de los actores. En cierta medida, la repartición del poder en la sociedad, las vinculaciones de cada uno de los actores con el poder político, el prestigio de los actores, son elementos de este factor contextual que alimentan el modelo del sistema de relaciones industriales” (Cedrola G., El debate internacional actual sobre las relaciones de trabajo: enfoques y teorías contemporáneas, en revista “Relaciones Laborales”, N° 4, Montevideo 2004, p. 101).
La interrelación entre sistema político y sistema de relaciones laborales se refleja en el hecho que las características propias de las relaciones laborales en nuestro país variaron según los gobiernos de cada época: no fueron las mismas en 1985 o en 1992 o en el 2008, lo cual muestra la permeabilidad entre ambos sistemas, el laboral y el político.
La tercera reflexión es que la organización sindical uruguaya históricamente fue la vanguardia político/sindical de la izquierda uruguaya. Esa vocación se puso de manifiesto en los documentos constitutivos de la propia Convención Nacional de Trabajadores en 1964. Entre los objetivos de la acción sindical – indican Zapirain H., Zubillaga I. y Salsamendi G. – estaban objetivos políticos como la reforma agraria, la nacionalización de la banca y del comercio exterior, la reforma tributaria y la defensa de las libertades y de la soberanía nacional.
Esa tradicional acción económico/social – y por lo tanto política - del movimiento sindical declinó en las primeras dos décadas del siglo XXI. En el período 2000-2004 la organización sindical estaba muy debilitada, por lo cual era difícil desarrollar movimientos sociales de vasto alcance en un contexto de crisis. Luego en el año 2005 aconteció – en nuestra opinión – un hecho diferente: a partir de ese año la organización sindical trasladó al Frente Amplio el protagonismo de la acción política, hecho que fue acompañado por otra significativa expresión: dirigentes sindicales pasaron a ocupar cargos de gobiernos. En el período 2005-2019, las reivindicaciones sindicales se concentraron en mejores salarios y condiciones laborales: el sindicato durante los gobiernos del FA se volvió más corporativo, privilegiando las condiciones de los afiliados ante los grandes temas sociales, que derivó a la acción del gobierno.
Hoy, luego de la derrota electoral del FA y la pausa de la pandemia en el año 2020,
el sindicato retoma su rol de avanzada política de la izquierda, que se materializa en hechos como el referendum contra los 135 artículos de la LUC. Más importante que el resultado del referendum, es –en nuestra opinión – el hecho que el sindicato pone en movimiento una herramienta de democracia directa (y por lo tanto “política”), con la que podrá desde las relaciones laborales ingresar y presionar en la propia actividad parlamentaria futura.
En esta visión, no parece casual que el último Presidente del PIT/CNT sea firme candidato a Presidente del FA, ni que el actual Presidente de la cupula sindical – Marcelo Abdala – haya declarado que la estrategia del movimiento sindical estará marcada por “retomar la ofensiva del movimiento popular” . En la misma línea recuerdo que mientras el paro general del 17 de junio fue “contra el hambre y la desigualdad por trabajo y salario”, el del 15 de setiembre fue convocado bajo una consigna de alcance más social y no limitada al trabajo asalariado: “con Artigas por las grandes mayorías nacionales”, según consigna el Informe de Conflictividad de la UCU.
¿El nuevo rol de la organización sindical es positivo o negativo? Cada uno desde su perspectiva ideológica y desde el rol que considere debe asumir el movimiento sindical, tendrá su propia contestación. Nosotros nos limitamos a consignar lo que entendemos ver en la realidad de las relaciones laborales: una realidad que muestra el movimiento sindical con un papel activo en el sistema político, donde inevitablemente se producirán interrelaciones de conflictos y de negociación entre organización sindical y gobierno.
Ello es así, porque como dijimos al comienzo del post, un sistema de relaciones laborales es un organismo “vivo”: cuidar de su salud es también tarea de todos.
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