1. Consideraciones iniciales
Vivimos
una crisis global de proporciones difíciles de dimensionar. Desde la
finalización del segundo conflicto mundial, no se conocía una situación de tal
gravedad. Si comparamos la crisis del 2007/2008 con la actual emergencia,
aquella nos parece hoy una difícil coyuntura financiera, pero redujo, pero que
no llegó a modificar la esencia de la globalización: el consumo.
Hoy
los grandes símbolos del capital global - los aviones, las cadenas
gastronómicas, los cruceros de superlujo, los centros comerciales, los autos de
alta gama, etc. - han ingresado en un proceso de congelamiento: por eso solo
podemos encontrar como antecedente la segunda guerra mundial y no las
fluctuantes crisis económicas que se han producido con cierta regularidad a lo
largo de las décadas.
Carlos Palomeque en un célebre artículo de 1983, señalaba
que la crisis económica es "una compañera de viaje histórica del Derecho
del trabajo". El catedrático de Derecho del Trabajo de Salamanca expresaba
que la emergencia económica plantea el debate en torno a la problemática de las
relaciones laborales en épocas de crisis. Pero a pesar de las críticas que se
formulan a la disciplina, el Derecho del trabajo - expresaba - puede coexistir intacto con la crisis, que no
significará ya, conceptual y necesariamente, retroceso del ordenamiento
jurídico-laboral, sino un reforzamiento de sus institutos individuales y
colectivos.
Por su parte Oscar Ermida en un artículo de 2007 - año de
crisis financiera global - expresaba que la emergencia o el simple anuncio de
la posibilidad de una crisis económica, produce efectos negativos sobre las
relaciones de trabajo: a) por un lado, se verifican efectos real o potencialmente
negativos y b) por el otro, algunos sectores empresariales caen en la tentación
de aprovechar la circunstancia para deshacerse de personal o disminuir
beneficios de los trabajadores.
2. El
salario como centro nuclear del Derecho del trabajo
El salario se coloca al centro del contrato de trabajo y del
Derecho laboral. Alrededor de él, se tejen los demás institutos del derecho del
trabajo: la relación empleo/desempleo, la estabilidad laboral y el despido, la
valoración monetaria del tiempo de trabajo y los límites de la jornada, la proyección
del “salario-renta” sobre el consumo, una parte importante de la financiación
de la seguridad social.
Afirmamos también que debemos examinar el salario en su
doble dimensión: la social y la ética. La dimensión social del salario se
proyecta tanto a nivel individual como colectivo, porque el salario sigue
siendo el sustento principal de las familias y uno de los principales
instrumentos de distribución de la riqueza en las comunidades nacionales. En
tal sentido la crisis del salario se retroalimenta con la crisis de una Nación.
En tanto, su dimensión ética indica que el salario debe ser garantía de dignidad
para el trabajador: por eso hablamos de la necesidad de un salario mínimo y
suficiente para satisfacer las necesidades básícas del trabajador y su familia
Una cuestión nueva que plantea la presente crisis es si
debemos ampliar el concepto de salario - originariamente limitado al trabajo
subordinado - para incluir toda percepción de beneficios económicos por parte
de los trabajadores, que ejercen su actividad en forma independiente,
semi-dependiente o informal. En efecto comprobamos que los problema del
trabajador subordinado no son distintos a las dificultades de los demás
trabajadores, que sufren iguales o mayores carencias que los trabajadores
subordinados.
Esta idea nos permite en esta circunstancia referirnos a un
concepto amplio de salario, independientemente de la naturaleza jurídica del
vínculo.
3.
Salario, crisis y sistema
Ya otras veces hemos empleado la expresión “eco-sistema”
para referirnos al sistema de relaciones laborales, comparándolo con el sistema
ecológico o ambiental. Todo sistema ecológico se basa en cierto equilibrio de
sus componentes, por lo cual un cambio en algún sujeto o actor del sistema,
provocará inevitablemente la ruptura del punto de equilibrio que tiene todo
sistema, terminando por perjudicar a los diversos componentes del mismo:
Estado, empresas, stakeholders, etc.. Si por ejemplo decidiéramos matar a los
pumas, por considerarlos depredadores de otras especies, seguramente
romperíamos ese equilibrio y otras especies (liebres y zorros) crecerían en
forma excepcional, provocando así destrozos aún mayores.
El colega Jorge Rosenbaum sintetiza esta idea en una
brevísima frase: “las tutelas laborales contribuyen a estabilizar el sistema”.
Ello es absolutamente así: cuando en el sistema de relaciones laborales entra
en crisis, el equilibrio entre empleadores, trabajadores y Estado se rompe e
ingresamos en una fase de inestabilidad: el desempleo y la baja de salarios se
proyecta en el descenso del consumo para los empleadores, mientras que el
Estado recaudará menos y deberá asumir más altos costos sociales.
He vivido las dos principales crisis de la historia uruguaya
reciente: la del año 1982 en plena dictadura (conocida como la crisis de la
“tablita”, para referirse a una crisis financiera que disparó el dólar de N$ 13
a N$ 30 en pocos días) y la de 2002/2003, que todos recordamos. Seguramente fueron
las crisis que más impactaron sobre las empresas desde la década de los ’60 del
siglo pasado. Paradójicamente en 1982 no existían sindicatos y en 2002/2003 la
fuerza sindical había bajado a sus menores niveles, lo cual prueba mi
afirmación: que la extinción o debilitamiento de una de las partes de un
sistema laboral afecta en forma contundente a las demás partes.
4. Los
costos de la crisis y el salario
Las
crisis impactan sobre el salario: no es ninguna novedad. En la actual
emergencia no es difícil vaticinar que el salario (en esa acepción amplia que
damos al término) sufrirá los efectos durísimos de la paralización total o
parcial de las actividades. El desempleo
ha sido siempre el principal enemigo del salario; y no solo del salario,
sino del mismo contrato de trabajo. El desempleo en grande proporciones
precariza el trabajo, estimula estrategias informales de sobrevivencia, acentúa
las fugas de los trabajadores de las tutelas del Derecho del trabajo.
Se
argumenta que deben reducirse los salarios para conservar el empleo, afirmación
que confirma una dura realidad: gran parte de la crisis siempre la pagan los
trabajadores con la reducción de sus salarios. Además se produce la
confrontación entre trabajadores con buenas condiciones de trabajo y
trabajadores precarios, tercerizados, desempleados dispuestos a aceptar las
peores condiciones retributivas y laborales.
Por otra parte, la crisis actual se sobrepone a un contexto que
ya era crítico: las nuevas tecnologías, los recortes en la protección social, la “gig
economý” de los pequeños trabajos, la pérdida de centralidad del trabajo
subordinado expandían la vulnerabilidad social, sin necesidad del COVID 19. Ahora
el virus aparece como una vuelta de tuerca más en el terreno descendente de las
tutelas individuales y sociales.
La crisis es tan grave que logra preocupar a
los gobiernos nacionales. Luego de pregonar la necesidad de flexibilizar el
sistema de relaciones laborales y de un retiro del Estado del sistema, hoy los
gobiernos - aún los de derecha - entienden que el derrumbe del empleo y de los
salarios puede producir una calamidad de alcances imprevistos. Aparece la necesidad
de definir un diseño regulatorio a escala nacional - y aún global -, que
reoriente la gobernanza de las economías mundiales para colocar las tutelas
sociales al mismo nivel que el comercio y las finanzas. La dureza de la crisis actual
replantea la necesidad de una reformulación de un estado social: el Estado -
cualquier sea su orientación - debe estar presente o más presente, porque la
recetas neoliberales han fracasado en el pasado. El Presidente uruguayo Lacalle
Pou afirma que uno de los autores preferidos de la Ministra de Economía es
Keynes, y agrega “yo lo aprendí a valorar escuchando a Azucena Arbeleche”, lo
cual en definitiva implica reconocer la necesidad de promover políticas
públicas para sostener la demanda, porque de otro modo se producirá la caída de
la oferta, es decir del
mercado.
En su "Teoría General del Empleo, el Interés y la
Moneda", Keynes expresaba que el ingreso total de la sociedad es igual a
la suma del consumo y la inversión. En época de crisis se producen situaciones
de desempleo y de capacidad productiva ociosa, y para revertir la situación hay
que aumentar necesariamente el empleo, lo cual se traduce en un mayor ingreso
total de la población. Una de las medidas necesarias - dice Keynes - es la de
incrementar el gasto público, porque ello genera consumo. Y para ello el
economista siempre defendía las políticas económicas públicas para estimular la
demanda en tiempos de crisis. A tal punto era buena para Keynes cualquier
solución para sostener el consumo, que se cuenta que un día el Presidente
Roosvelt lo llamó para pedirle consejo sobre cómo enfrentar la terrible crisis
que atravesaba el país. Keynes - dicen - le aconsejó contratar obreros para
abrir hoyos en los jardines de la Casa Blanca. Roosevelt se sorprendió y le
preguntó el motivo de ello. Y Keynes contestó: para que al día siguiente usted contrate a otros trabajadores que
taparán esos agujeros. No importan los agujeros, lo que importa es que haya
gente que trabaje y reciba un salario, para poder adquirir comida, zapatos,
ropa. Todo ello servirà a sostener la economía.
5.
El Derecho del trabajo como freno a la crisis
Los economistas que pregonan la necesidad del libre mercado
y el abatimiento de las tutelas laborales como premisas del crecimiento
económico, en época de crisis siempre claman por rebajar los salarios y las
condiciones de trabajo. No comprenden – como no comprendieron en los años 2007
y 2008 – que una rebaja masiva de salarios se traduce en un deterioro agregado
de la demanda y por lo tanto tiene como inmediata consecuencia una mayor caída
de la producción. La gran mayoría de trabajadores, como ya hemos señalado,
transfiere la totalidad de sus salarios al consumo y eso es lo que permite
mantener un ritmo sostenido de la producción. Los empresarios – muchas veces
concentrados en la reducida realidad de la propia empresa - resisten las
actualizaciones salariales, sin considerar que ajuste a la baja a escala
nacional, significarán una inmediata rebaja del consumo y por lo tanto de la
oportunidad de venta de sus bienes y servicios. Ello es precisamente expresión
de esa “ecología laboral” que invocábamos unos renglones más arriba: la caída
de unos provoca la ruina de otros.
Es por tal motivo que en épocas de crisis es cuando más hay
que afirmar las tutelas del Derecho del trabajo y apostar a la estabilidad del
empleo, como forma de sostener el consumo. Es en momento como éste que debemos
pedirle al Derecho del trabajo que sea el compañero más cercano a la crisis.
Diversos países comienzan a adoptar medidas “laborales” para
sostener el salario y la estabilidad de los trabajadores. Las medidas para
proteger el salario en la actual época de crisis no son diferentes a las que
buscan la preservación del contrato de trabajo en la emergencia.
Entre
estas medidas, que entendemos necesarias, nos parece oportuno señalar las
siguientes:
a) tutelas temporarias contra
los despidos por causas económicas: ha aprobado normas en tal sentido Italia
(hasta el 17 de agosto), España (durante la crisis, estableciendo además que
los contratos temporales que venzan en la crisis, se renovarán
automáticamente), Grecia (durante la emergencia), Argentina (hasta fines de
julio)
b)
Danimarca: para proteger el salario, el
Gobierno ha llegado a un acuerdo con empresarios y sindicatos por el cual el
Estado cubrirá el 75% del salario de los trabajadores de las empresas privadas
amenazadas por esta crisis, bajo
el compromiso de que no haya despidos.
c)
Prestaciones asistenciales paliativas del salario aprobadas por muchos países y
extendidas a sectores de escasos recursos (en nuestro país, por ejemplo, los
monotributistas. Se habla mucho de renta básica universal - que, entendemos,
amerita un debate más profundo -, pero más allá de la cuestión, sí es necesario
establecer subsidios en la emergencia, para suplir a la caída del salario y
otras formas de remuneración de los trabajadores.
6. El
diálogo y la negociación en época de crisis
Hemos afirmado en el pasado que el diálogo social
difícilmente suscite el mismo interés que el conflicto social. La prensa es más
sensible para reportar los hechos que refieren a una huelga o una ocupación,
que la voluntad de acercar las partes a través del diálogo y la negociación.
Sin embargo entendemos que no se ha inventado ningún modelo que construya
sociedades estables que no está basado en el diálogo, expresión de una
democracia social verdadera.
Es posible, y quizás beneficioso, a través del diálogo
social y la negociación colectiva acordar rebajas temporarias de los costos
laborales (y en ello no olvidemos que el Estado es otro actor que incrementa
ese costo), pero sin que ello se traduzca en una caída masiva de los salarios,
y por ende del consumo. Las normas de protección laboral y social favorecen una igualitaria
distribución del ingreso y esto juega a favor del crecimiento económico gracias
a una menor conflictividad social, menor incertidumbre y fortalecimiento de la
demanda de los bienes y servicios producidos.
Una
vez más citamos al colega Jorge Rosenbaum, quien ha dicho que la negociación
colectiva es un instrumento insustituible para regular en épocas de crisis el
empleo y el salario. Al hablar de negociación colectiva, el autor afirma referirse
a un concepto amplio, inclusivo
de la participación,
la consulta, el tripartismo, la concertación social y el diálogo social. Es -
precisa - en la negociación colectiva que debe establecerse un “blindaje social”, que
permita “una defensa adecuada de los puestos de trabajo, los salarios y los
derechos laborales”.
7. Una reflexión final
Como ha expresado el Director General de la OIT, la
pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, también es una crisis
social y económica. Es
evidente que en crisis como la actual es el Estado quien tiene el poder para
definir las estrategias para superar de la coyuntura, pero cualquier decisión o
ajuste recibirá un grado mayor de aceptación si realizado en consulta con los
actores sociales. Ante la caída de los salarios - y de la renta en general de
la mayor parte de la población - es indispensable el recurso a políticas fiscales
para “equilibrar” el sistema y producir esa redistribución de la renta, que
salarios adecuados realizaban en forma natural.
En la necesaria reformulación de un nuevo Estado Social, se
deberán profundizar medidas que tiendan a promover políticas públicas activas y
pasivas de empleo; inyecciones de
capital para sostener la demanda a través de subsidios o de reducción de
contribuciones laborales; planes de asistencia social para los que no tengan
posibilidad de acceder a ninguna forma de remuneración; políticas públicas en materia de enseñanza
y formación, para que los más necesitados no queden aún más rezagados en esta
crisis; políticas de inserción laboral de sectores
sociales particularmente expuestos al desempleo. Tampoco deberán descartarse
políticas de apoyo a la regulación y estímulos de los microemprendimientos y la
promoción de aquellas empresas que generan empleo.
Como hemos expresado,
no se trata solo de ayudar a los más golpeados por la crisis (deber moral y
constitucional de una sociedad): se trata de evitar la ruptura del necesario
equilibrio que debe regular el sistema de relaciones laboral.
En el año 1983, en oportunidad de
publicar nuestra tesis sobre “La desocupación y el seguro de desempleo”,
expresábamos: “el desempleo continuo lleva a la inmoralidad y a la
delincuencia: un problema individual se volverá así un problema social”. Reafirmamos
esa idea de nuestro comienzos
Es en épocas de crisis que la
sociedad toda debe entender que la generación de mayores situaciones de pobreza
y desempleo, tendrá como inevitable
consecuencia una ruptura del tejido social y un posible mayor auge de la
criminalidad organizada, como refugio del desempleo y la exclusión. En este
proceso entendemos que solo se podrá avanzar con el compromiso de todos los
actores del sistema. La tarea es demasiado ardua y compleja para que el Estado
la emprenda solo: los grandes desafíos sociales deben comprometer a todos los
actores, sin exclusiones, precisamente para evitar la ruptura de nuestro “eco-sistema
laboral”.
